El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid iniciar los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Según la resolución judicial a la que tuvo acceso Europa Press, la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad se acordó debido a la inactividad del Gobierno regional en la elaboración de la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias de embarazo.
La normativa establece la creación de un registro de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia respecto a la intervención directa en la práctica de la IVE en cada comunidad autónoma. Este registro tiene como finalidad facilitar la planificación sanitaria y garantizar la correcta prestación del servicio dentro del Sistema Nacional de Salud.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó un protocolo de coordinación para la implantación del registro en todas las administraciones sanitarias, con la participación unánime de todas las comunidades autónomas, incluida la Comunidad de Madrid.
La falta de implantación de este registro por parte de la Comunidad de Madrid ha llevado a la solicitud de una medida cautelar por parte de la Administración General del Estado. Esta medida busca garantizar la igualdad en el acceso a la prestación sanitaria y proteger el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha destacado la importancia de cumplir con la normativa y coordinar el Sistema Nacional de Salud, considerando que la creación de este registro tiene una finalidad organizativa destinada a mejorar la gestión de la prestación sanitaria y garantizar los derechos tanto de las mujeres como de los profesionales sanitarios.
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