Entidades y sindicatos de apoyo a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, unificadas en la alianza Pacto Social contra los discursos de odio, han solicitado un Pacto de Estado para fortalecer la protección contra el odio.
Según las organizaciones que conforman el Pacto Social, liderado por la Federación Estatal LGTBI+ y compuesto por diversas entidades como la Fundación Triángulo, Asociación Chrysallis, CERMI, Fundación ONCE, CESIDA, entre otras, este pacto es fundamental para garantizar una protección estable y duradera en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno.
Este llamado se produce en el contexto del inicio de las negociaciones con los grupos parlamentarios para la tramitación de esta medida, resaltando que un Pacto de Estado permitiría establecer protocolos específicos, protección a las víctimas, tipos penales bien definidos, organismos competentes y recursos suficientes, así como una base jurídica sólida para abordar el odio y sus consecuencias a través del Código Penal.
Las organizaciones sociales han estado promoviendo esta iniciativa durante más de dos años y han dejado claro que no aceptarán un pacto que pueda ser fácilmente derogado en futuros ciclos electorales. Se ha señalado que el texto preliminar carece de asignación presupuestaria, mecanismos de seguimiento y evaluación, así como de medidas inclusivas para personas con discapacidad y migrantes, entre otras deficiencias.
La alianza ha enfatizado la importancia de lograr un compromiso parlamentario firme para la aprobación de un Pacto de Estado, ya que cualquier alternativa sería insuficiente para garantizar la seguridad de millones de personas en situación de vulnerabilidad, dejándolas expuestas al odio y sus consecuencias ante posibles cambios de gobierno.
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