La pobreza laboral en España se mantiene a pesar del crecimiento económico del 3,4% en 2024 y la creación de más de 400.000 empleos. El año pasado, la tasa de pobreza laboral se mantuvo en un 11,6%, lo que representa 5 puntos por encima del promedio de la Unión Europea, según cálculos de Oxfam Intermón.
Esto sitúa a España como el tercer país con mayor pobreza laboral en la Unión Europea. El responsable de protección social y empleo de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil, señala que a pesar de los avances logrados con la reforma laboral y el aumento del salario mínimo interprofesional, aún hay millones de trabajadores en situación de pobreza laboral.
La organización destaca la importancia de prestar atención a los trabajadores con contratos parciales, fijos discontinuos y autónomos, ya que son los grupos que enfrentan mayores niveles de pobreza laboral incluso estando empleados.
Uno de los principales factores de discriminación en el empleo es el origen de los trabajadores. Cerca del 30% de los trabajadores extracomunitarios experimentan pobreza laboral, tres veces más que los nacidos en España.
El nivel educativo también juega un papel importante, con una tasa de pobreza laboral del 19,2% entre trabajadores con educación primaria, en contraste con el 5,7% entre aquellos con educación superior.
En cuanto al tipo de empleo, los autónomos son los más afectados (una de cada cuatro experimenta pobreza laboral, en comparación con una de cada diez asalariados), al igual que los trabajadores a tiempo parcial, cuya tasa de pobreza laboral duplica a la de los trabajadores a jornada completa (21,3% y 10,6% respectivamente).
La composición familiar también influye en el nivel de precariedad laboral, especialmente en hogares con menores de edad, sobre todo en hogares monomarentales (30%) y familias numerosas (36,4%).
Para abordar estas altas tasas de pobreza laboral, la ONG exige la adopción de la Directiva europea que protege a los trabajadores a tiempo parcial, la aprobación de aumentos automáticos anuales del salario mínimo interprofesional por ley, el establecimiento de salarios de referencia para contrataciones de servicios por parte de la administración, y la creación de una prestación universal para la infancia con el fin de reducir la pobreza laboral asociada a la presencia de menores en los hogares.