Estamos frente a un escándalo democrático y sanitario, donde la industria del tabaco busca influir en la política para proteger sus intereses comerciales, en lugar de salvar vidas. Según declaraciones de Fernández Megina, se necesitan leyes que eviten esta interferencia y protejan la salud pública.
Se han dado casos de exfuncionarios gubernamentales que han pasado a trabajar para empresas tabacaleras, como Rubén Baz Vicente en Philip Morris y Antonio José Olivera Herrera en Japan Tobacco International. Además, Logista, el principal distribuidor de tabaco en España, cuenta con figuras políticas en su Consejo de Administración, lo que plantea conflictos de interés.
A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Sanidad por implementar medidas como espacios libres de humo, aumento de impuestos al tabaco y empaquetado neutro, la influencia de la industria tabaquera ha logrado frenar estas iniciativas. Fernández Megina denuncia el uso de «puertas giratorias» entre la administración pública y las empresas tabacaleras, lo que compromete la neutralidad de las políticas públicas y facilita la captura regulatoria.
Es necesario tomar medidas urgentes para evitar que los intereses comerciales de la industria del tabaco primen sobre la salud pública, y para garantizar la transparencia y ética en las decisiones políticas relacionadas con este tema.
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