La CNMC disminuye sanciones al cártel ferroviario tras decisión de la Audiencia Nacional.

La sala de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reducido en un 85% la sanción impuesta a Inbensa, antigua filial de Abengoa, por participar en un cártel ferroviario, después de que la justicia nacional estimara un recurso presentado por la compañía.

Se trata de la primera resolución del relativo Consejo de la CNMC, la tanda de sentencias dictadas el año pasado, que, en muchos casos, estimaban los recursos de las 15 empresas que fueron sancionadas por competencia en 2019 por formar parte de un triple cártel con el que tiempo de Catorce años más Las empresas se repartieron alrededor de 200 proyectos ferroviarios, valorados en 1.055 millones de euros.

Inabense, cuyos activos pasaron a Cox Energy tras el concurso de acreedores de Abengoa, recibió una multa de 8,2 millones por el cártel de la alta velocidad, que la Justicia no canceló, y otros 3,5 millones en líneas de tren convencional, que fueron parcialmente canceladas.

Esta última sanción es la que la CNMC ha reducido ahora a 520.000 euros en aplicación de una sentencia A, modificando la duración de la conducta anticompetitiva de la empresa, porque la competencia estimó que tuvo lugar entre 2002 y 2014 y la sentencia limitado -o Entre 2013 y 2014.

El año pasado, la Audiencia Nacional anuló parcialmente las sanciones a Cobra y Cymi (empresas que conocían previamente la existencia del plan anticompetitivo).

Sin embargo, un sí aprobó las multas impuestas a Siemens (16,8 millones), COMSA (2,8 millones), Indra (870.000 euros) y centrales telefónicas (600.000 euros), al entender que la CNMC no infringió ningún principio de graduación y proporcionalidad en cuanto a la cuantificación de la sanción y que no faltaba motivación.

Con Cobra y Cymy, algo parecido a Inabense, ya que se anuló la sanción relativa al periodo anterior hasta 2013, pero se dejó la puerta abierta a las posibilidades de responsabilidades entre 2013 y 2014. En total, las cuatro filiales se enfrentaban a una multa de 51 millones de euros.

«Modo de funcionamiento»

Según la autoridad reguladora, las empresas involucradas en los consorcios acordaron ejecutar los contratos de electrificación del Ave y luego compartir parte de las obras con el resto de las firmas, «que presentaron ofertas al proyecto para simular concordancia competitiva en la licitación».

En el caso de las líneas convencionales, el acuerdo entre las empresas fue repartir las ofertas a través de un sorteo con el que establecían el orden de adjudicación de los contratos, que las empresas denominaron «ranking». Además, compensaron a los que no resultaron adjudicatarios con el 6% del valor del contrato.

El mayor de estos tres cárteles es el decimotercero de estas firmas mantenido desde hace ocho años, que coincide además con los de la última crisis (2008 y 2016), con los que «adoptó acuerdos» para «repartir» 24 proyectos de electrificación del Ave por 837 millón.

Otro de los cárteles prorrogado durante catorce años (2002-2016), en el que diez empresas acordaron 173 contratos para la electrificación del tren convencional sumando 134 millones, y el tercero, formado por Alstom y Siemens y luego se extendieron a Elecnor. , afectó a siete contratos para la instalación de equipos electromecánicos de Ave por un importe de 84 millones.

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