La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, comparecerá este miércoles 25 de marzo en el Congreso de los Diputados para informar sobre el Pacto de Estado. En concreto, presentará el Informe anual de Evaluación del Pacto de Estado en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del pacto en materia de violencia de género.
Su comparecencia se produce en un contexto preocupante, con 13 asesinatos de mujeres y dos de menores por violencia de género en lo que va de 2026. Este año ha tenido el peor inicio en cuanto a crímenes machistas desde 2020.
Diversas comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Extremadura, han pedido al Gobierno la revisión de los protocolos de valoración del riesgo del Sistema VioGén. En este sentido, Madrid ha solicitado específicamente la revisión de los protocolos después de que tres de las últimas cuatro víctimas de violencia de género estuvieran clasificadas como nivel bajo.
En otras regiones, como Andalucía, se ha pedido revisar los protocolos de valoración del riesgo y el funcionamiento de los sistemas de seguimiento de víctimas. Galicia también ha reclamado esta revisión, destacando que en algunos casos la evaluación de riesgo no se correspondía con la situación real de las víctimas.
En Murcia, se busca que las medidas de seguridad sean más efectivas, adaptándolas a las circunstancias de cada víctima. Se ha evidenciado fallos en el sistema de protección a raíz de los últimos asesinatos por violencia de género. Se propone una actualización que se ajuste al riesgo real de la víctima, considerando factores como la violencia digital o antecedentes de violencia psicológica.
En Extremadura, el Instituto de la Mujer considera necesario exigir la valoración forense de riesgo en casos de violencia de género con menores afectados. Se destaca la escasez de plantillas de psicología forense en algunas regiones, lo que genera demoras significativas en las valoraciones.
En resumen, las autoridades regionales están instando al Gobierno a revisar y mejorar los protocolos de valoración del riesgo en casos de violencia de género, buscando una respuesta más efectiva y ajustada a las necesidades de las víctimas.
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