La Clínica Jurídica y de Intervención Social de la Universidad de La Rioja organiza el próximo 23 de abril la Jornada ‘Autonomía de los centros educativos y derechos fundamentales: el caso de la prohibición de uso del velo islámico’. En este evento se abordará la problemática de prohibir el uso del velo islámico en los centros educativos, a raíz de casos ocurridos en distintos puntos de España en los últimos años.
La jornada se centrará en los aspectos jurídicos y sociales implicados en esta prohibición, tomando como referencia el caso ocurrido en el IES Práxedes Mateo Sagasta de Logroño, que fue estudiado por la Clínica Jurídica y de Intervención Social de la Universidad de La Rioja. Este caso resultó en la primera sentencia judicial en España que anuló la prohibición del uso del velo en un centro educativo, por vulnerar los derechos fundamentales de los estudiantes afectados.
Parte de los alumnos que participaron en el informe sobre el caso del IES Sagasta estarán presentes en esta jornada. El evento comenzará con la exposición de Laura Mijares Molina, profesora del Departamento de Lingüística y Estudios Orientales de la Universidad Complutense de Madrid, sobre ‘La discriminación de las jóvenes musulmanas con hiyab en el sistema educativo en España’.
Posteriormente, David San Martín Segura, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja y director de la Clínica Jurídica y de Intervención Social, hablará sobre ‘La prohibición del uso del velo en el IES Práxedes Mateo Sagasta: síntesis del caso’. También se abordarán temas como ‘El uso del velo como manifestación de la libertad religiosa según la jurisprudencia del TEDH’ y ‘Las condiciones constitucionales para la regulación de los derechos fundamentales en el ámbito educativo’.
La jornada concluirá con la ponencia ‘La gestión de la diversidad cultural en el ámbito escolar: implicaciones socioeducativas de la prohibición del velo’, a cargo de Vanesa Neagu y Samuel Santos, estudiantes del Grado en Trabajo Social de la Universidad de La Rioja y miembros del equipo de la Clínica Jurídica que analizó el caso del IES Sagasta.
FUENTE
