Durante la audiencia celebrada el viernes por el Tribunal de Instrucción número 18 en Sevilla, con los dos jóvenes en prisión provisional sin fianza como presuntos autores del apuñalamiento mortal de un adolescente de 17 años en Aznalcóllar al salir del instituto en Gerena; el fiscal les imputó un presunto delito de asesinato.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se llevó a cabo una comparecencia para establecer la ley del jurado, donde el fiscal y la acusación particular, ejercida por la familia del menor fallecido, apreciaron los delitos específicos. La Corte de Instrucción Número dos decidió mantener la prisión provisional sin fianza para atribuirles un presunto delito de homicidio doloso.
El abogado Agustín Martínez Becerra, representante del joven residente en Castillo de Lasardas considerado presunto autor material del apuñalamiento, afirmó que en la audiencia penal del viernes se les imputó un presunto delito de asesinato, solicitando además una serie de diligencias.
Durante su comparecencia inicial ante el tribunal, uno de los jóvenes arrestados hizo una declaración, mientras que el otro se acogió al derecho constitucional de no declarar.
Cuando salía del instituto
El 8 de enero a las 2:35 p.m., se produjo una agresión mortal en las inmediaciones del Centro Educativo, donde los autobuses escolares recogen a los estudiantes al final de las clases. El joven estaba a punto de subir al autobús para ir a casa en Aznalcóllar.
El jefe de la policía local de Gerena, Francisco Benítez, confirmó que se halló el arma blanca utilizada en el crimen en una calle cercana, y se están recopilando testimonios para identificar al presunto autor del crimen.
Amenazas previas
El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, relacionó este suceso con motivos sentimentales y mencionó un audio con serias amenazas dirigidas a la víctima a través de un teléfono móvil. El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, expresó su deseo de que la Guardia Civil y la Justicia esclarezcan el crimen, criticando el sistema judicial y las quejas presentadas por los familiares de la víctima. También mencionó aspectos relacionados con la posesión ilegal de armas.
«La justicia debería haber actuado a tiempo. No se podría haber evitado lo que sucedió», comentó, señalando que en este caso el autor del crimen estaba en libertad o sin precaución antes de cometer los hechos.
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