Más de 100 organizaciones han firmado un manifiesto en el que solicitan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigar al magistrado David Maman Benchimol, juez del caso contra José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por agresión sexual contra una subordinada. Esto se debe a unas manifestaciones públicas sobre violencia machista que consideran «incompatibles» con la imparcialidad judicial.
Los hechos se remontan a febrero de 2026, cuando el magistrado realizó diversas afirmaciones durante un acto formativo en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, las cuales fueron posteriormente difundidas en un vídeo por La Sexta el pasado miércoles 22 de abril.
Según el escrito de las organizaciones, el magistrado expresó una visión «estereotipada» de las mujeres, haciendo referencia a que algunas denunciantes buscan órdenes de protección de forma interesada, mencionando «la caza de la orden», y afirmando que existen «ventajas» para las mujeres al denunciar. Además, señaló que en casos con menores las madres pueden influir en sus hijos mediante un supuesto «lavado de coco».
Las organizaciones consideran que estas declaraciones proyectan una visión estereotipada de las mujeres denunciantes de violencia y de las madres en procedimientos de familia o violencia, insinuando un uso instrumental de la denuncia y una supuesta manipulación materna de los hijos e hijas.
Además, advierten que este discurso compromete la confianza de las víctimas en recibir una tutela libre de prejuicios, recordando que la Constitución española garantiza el derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, y obliga a los poderes públicos a evitar cualquier discriminación por razón de sexo.
Las organizaciones también mencionan los compromisos internacionales de España, como el Convenio de Estambul, que exige combatir los estereotipos de género y evitar la victimización secundaria en los procedimientos judiciales.
En su solicitud al CGPJ, piden que se abran diligencias informativas para determinar si las afirmaciones del magistrado podrían constituir una infracción disciplinaria, citando posibles faltas recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial relacionadas con la falta de consideración hacia la ciudadanía. Asimismo, solicitan que, en caso de existir indicios suficientes, se incoe un expediente disciplinario y se tomen medidas para reforzar la formación en igualdad y derechos de las víctimas dentro de la jurisdicción especializada.
Entre las organizaciones firmantes del manifiesto se encuentran feministas socialistas (FEMES), la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, Federación de Mujeres progresistas, el PSOE, Foro Feminista de Castilla y León, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, y Alanna, entre otras.
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