Los expertos en derechos humanos han solicitado un marco legal para proteger a las personas mayores de la discriminación por motivos de edad. Este llamamiento se hizo durante una jornada organizada por la Fundación HelpAge International España en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid.
Durante el encuentro, se debatió sobre los avances hacia una convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores, el II Plan Nacional de Derechos Humanos de España, el acceso a la justicia, la elaboración de una Estrategia de Personas Mayores en el marco de la Unión Europea y la lucha contra el edadismo.
La jornada se inició con una conferencia inaugural a cargo de Claudia Mahler, experta independiente en derechos humanos de las personas mayores, quien resaltó la falta de un instrumento internacional que aborde específicamente la discriminación por motivos de edad.
Mahler señaló que las personas mayores no reciben la prioridad adecuada en situaciones de emergencia, violencia o en la defensa de su autonomía. Destacó la necesidad de contar con un marco legal para combatir esta forma de discriminación. Además, mencionó la situación de las personas con discapacidad, que cuentan con una convención internacional que les permite buscar soluciones y dialogar con los gobiernos. En contraste, enfatizó que, sin un marco legal similar, las personas mayores enfrentan dificultades para hacer valer sus derechos y comunicarse eficazmente con las autoridades.
La primera mesa del evento se centró en ‘El marco internacional de los derechos’. En esta sesión, Nena Georgantzi, responsable de Derechos Humanos de AGE Platform Europe, resaltó la importancia de que la Unión Europea combata la discriminación por motivos de edad.
Georgantzi mencionó iniciativas positivas, como el Libro Verde sobre Envejecimiento y la Estrategia Europea de Cuidados, pero destacó la necesidad de desarrollar una estrategia de justicia intergeneracional que incluya medidas concretas contra el edadismo. También advirtió sobre la importancia de no retirar la propuesta directiva de la Unión Europea que protege contra la discriminación por edad en el acceso a bienes y servicios, recordando que recientemente se anunció su retirada oficial.
Vânia de la Fuente, corredactora del Informe Mundial sobre Edadismo de la OMS, destacó la relevancia de este documento en la visibilización del problema del edadismo. Explicó que, antes de su publicación, no se comprendía la magnitud del fenómeno, pero ahora hay cifras concretas: en España, el 45% de la población considera que las personas mayores sufren discriminación.
Sin embargo, advirtió que muchas personas no perciben esta problemática como grave, a pesar de sus consecuencias en la salud, el bienestar social y el aumento de la soledad. Por último, Idoia Mendía Cueva, Eurodiputada en el Parlamento Europeo, hizo hincapié en la necesidad de una visión integral en las políticas relacionadas con las personas mayores, abarcando áreas como el empleo, la vivienda y los derechos de los consumidores. También señaló que estos temas aún no están suficientemente representados en la estrategia europea e instó a los asistentes a contribuir a su desarrollo a través de la web de Glenn Micallef, quien actualmente está dando sus primeros pasos en la elaboración de esta estrategia.
En la segunda mesa, ‘La implementación y el marco nacional de los derechos’, Avelina Alía Robles, fiscal adscrita a la Fiscal de Sala de Protección de las Personas con Discapacidad y Atención a los Mayores, abordó los derechos fundamentales de las personas mayores, como la libertad, la salud y el acceso a la justicia. Se mencionó la preocupación por la actitud de los familiares en cuestiones de salud y la falta de reconocimiento de la sexualidad en la vejez, resaltando que, en algunas residencias, las personas mayores han sido separadas por protocolos internos.
MALTRATO ASISTENCIAL
También se destacaron los desafíos para acceder al derecho a la justicia, y se mencionó que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha incorporado nuevos planes para abordar el maltrato hacia las personas mayores. Sin embargo, persisten preocupaciones en torno a la falta de reconocimiento del maltrato asistencial y a la ausencia de los delitos de odio y discriminación en el Código Penal.
Además, se resaltó una problemática «alarmante» como el hecho de que el 93% de los abusos bancarios afectan exclusivamente a las personas mayores, evidenciando su vulnerabilidad en este ámbito.
Por su parte, Eduardo Ramón Merino de Mena, Subdirector Adjunto de la Oficina de Derechos Humanos, habló sobre el Examen Periódico Universal (EPU) de 2020, donde, de 250 recomendaciones, solo una hacía referencia a las personas mayores, limitándose a un ajuste social para garantizar sus derechos. Sin embargo, este año España se somete nuevamente al EPU, por lo que será crucial prestar atención a las recomendaciones de este ciclo.
Merino de Mena destacó el liderazgo de España en este ámbito desde una perspectiva de derechos humanos, impulsando un instrumento legalmente vinculante para proteger los derechos de las personas mayores. Por último, Teresa Jiménez-Becerril, adjunta del Defensor del Pueblo, profundizó en las principales consultas que las personas mayores presentan ante esta institución. Se hizo hincapié en la falta de legislación específica para este grupo y se enumeraron las principales preocupaciones planteadas por las personas mayores, que incluyen: estafas telefónicas, suplantación de identidad, condiciones en centros residenciales, acceso a la sanidad, pensiones, exclusión financiera, protección de la autonomía personal y situaciones de dependencia.