Organizaciones especializadas en apoyo y defensa de los derechos de los inmigrantes han celebrado que «por fin» el Gobierno central y el Ejecutivo canario se hayan dado un plazo de diez días para buscar una solución para el reparto de los menores inmigrantes no acompañados que han llegado al archipiélago. Y pidieron que se respete ese plazo, que el acuerdo ponga en el centro el «interés superior del menor» y no se quede en una solución «única».
Estamos celebrando que finalmente se hayan dado un plazo para llegar a una solución, pero lo que estamos viendo es, en primer lugar, que es una solución temporal porque es sólo para una distribución específica. La migración y la llegada de inmigrantes a Canarias es una situación estructural y por ello hay que ofrecer soluciones estructurales», explicó a Europa Press la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López.
A su juicio, la solución pasa por modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y hacer «obligatoria la corresponsabilidad de las comunidades autónomas en la acogida de niños y niñas». «No se puede dejar esto a una negociación de seis meses, ni, por supuesto, a una solución concreta», subrayó.
Según López, este acuerdo debería haberse hecho «hace meses» para «arreglar la situación de sobrecarga de Canarias en la acogida de niños y niñas». En cualquier caso, pidió que si se fija un plazo de diez días, «no se debe ir más allá».
Al fin y al cabo, se trata de que estos niños y niñas deben ser recibidos en las mejores condiciones posibles, porque el interés del menor siempre está primero», enfatizó el director general de CEAR.
Desde Red Acoge esperan que el acuerdo alcanzado «ponga en el centro el interés superior del menor y que todo el Estado español cumpla con su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes inmigrantes que se encuentran en España sin compañía».
Las CCAA son parte del Estado y por tanto, junto con el Gobierno Central, tienen la obligación de garantizar esta protección, por lo que la cuestión de la solidaridad o el voluntariado, así como los matices de competencia, deberían retirarse del debate y centrarse «Será la protección, el bienestar y el futuro de los niños y adolescentes migrantes que se encuentran en España sin compañía de adultos», subrayaron a Europa Press.
Por su parte, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) indicó que «es urgente que finalmente se llegue a un acuerdo entre los distintos gobiernos» para que estos menores «puedan encontrarse en las mejores condiciones».
Según advirtió SJM, la situación en Canarias es «muy complicada, con una alta saturación y recursos insuficientes». Además, han lamentado que se siga tratando el tema de la inmigración como si fuera una emergencia «puntual» y no «un problema duradero».
Estos menores, por el interés superior del menor, necesitan una protección especial y la mejor manera es que sean reasentados en otras comunidades autónomas», añade a Europa Press el Servicio Jesuita a Migrantes.
Además, pidieron «que no se siga instrumentalizando el problema de la migración» y que estos menores que llegan «en condiciones deplorables» tras afrontar «rutas cada vez más peligrosas» no sean «utilizados como moneda de cambio» ni como «arma política».