El comité español para representantes de personas con discapacidades (CERMI) ha solicitado al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible que la estrategia futura contra la pobreza del transporte incluya como «prioridad» a las personas con discapacidades.
Según la entidad, las personas con discapacidades enfrentan «barreras significativas que limitan el acceso a un transporte accesible, seguro y adecuado».
En este sentido, se ha destacado «la necesidad de una accesibilidad universal que tenga en cuenta las necesidades de diversidad asociadas a diferentes tipos de discapacidad: física, orgánica, sensorial, intelectual, del desarrollo y psicosocial». Se enfatiza la importancia de garantizar la accesibilidad en entornos, productos, servicios de transporte y acceso a la información y comunicación, esenciales para una inclusión social completa.
También se ha subrayado la importancia de incorporar un «enfoque transversal de género», ya que las mujeres con discapacidades enfrentan «barreras específicas» y necesitan una «protección consolidada» en el uso del transporte. Se plantea la necesidad de abordar la relación entre discapacidad y pobreza, considerando los costos económicos para este sector de la población que deben ser tenidos en cuenta en las políticas públicas para garantizar su participación en igualdad de condiciones.
Entre las medidas propuestas por Cermi se incluye la creación de un observatorio de movilidad para personas con discapacidades, para evaluar criterios como accesibilidad, disponibilidad y seguridad en la movilidad. También se pide establecer una oficina nacional de coordinación de movilidad central para atender las necesidades específicas de este sector, gestionar incidentes y mejorar la relación con los operadores de transporte.
Con estas propuestas, Cermi reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidades y promueve la movilidad inclusiva que permita su plena participación en la sociedad, de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y justicia social recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030.