Propuesta de Más Madrid: Declaración anual de patrimonio y actividades para jueces y magistrados

«Queremos democratizar el poder judicial y también defender a todos aquellos jueces que no tienen nada que ocultar», afirma.

Más Madrid propuso un cambio legislativo para que jueces y magistrados declaren cada año sus bienes y actividades, incluidos todos los bienes inmuebles, vehículos, acciones, participaciones en empresas, depósitos bancarios, deudas y cualquier otro derecho de propiedad en España o en el extranjero.

Así figura en la propuesta de iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados, a la que tuvo acceso Europa Press, que propone la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del sistema judicial.

La propuesta señala que deberá presentar estas declaraciones en el plazo máximo de un mes después de asumir el cargo y que las actualizará anualmente y también si cesa en el cargo. Además del patrimonio, también deberán informar de cualquier actividad profesional que «pueda generar ingresos o retribuciones», así como su participación en empresas, asociaciones o fundaciones.

El encargado de tutelarlos sería el Consejo General de la Magistratura (CGPJ), lo que permitiría un registro específico para guardarlos y ponerlos a disposición en el portal de transparencia. El incumplimiento de las obligaciones establecidas constituiría falta disciplinaria grave, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran derivarse.

COMO TODOS LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE ESPAÑA

En la exposición de motivos de esta norma, firmada por el diputado Hugo Martínez Abarca y la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, se plantea la necesidad de que los miembros del poder judicial se sometan a esta responsabilidad «como se exige a los altos cargos públicos con España» .

El partido destacó que la «confianza» que los ciudadanos depositan en los poderes del Estado se basa en «la transparencia y la ausencia de conflictos de intereses en sus decisiones», lo que llevó a numerosos cargos del Ejecutivo y del Legislativo a emitir declaraciones. público.

«Este tipo de declaraciones no suponen un desprecio a la función pública ni mucho menos una intromisión en su independencia, sino todo lo contrario: constituyen una garantía para los ciudadanos de la integridad de los poderes públicos y de su independencia», defendió Más Madrid, que considera que son , a su vez, medidas que constituyen «un mecanismo de supervisión contra la corrupción en las instituciones» y por tanto «protegen a la gran mayoría de los funcionarios».

«DEFENDER A LOS JUECES QUE NO TIENEN NADA QUE OCULTAR»

Esta propuesta ha sido presentada esta mañana por Bergerot y Martínez Abarca en la Asamblea de Madrid. El portavoz ha destacado la importancia de que los «ciudadanos» sepan si hay jueces «que tienen un conflicto de intereses» para que puedan recurrir más fácilmente.

«No sólo queremos democratizar la justicia, sino que lo que queremos es defender a todos esos jueces que no tienen nada que ocultar y que son perjudicados por unos pocos», enfatizó Bergerot.

Martínez Abarca explicó, por su parte, que lo que incluiría esta declaración es lo mismo que «cualquier cargo público», que serían «bienes inmuebles, actividades por las que fue retribuido en años anteriores, deudas, participación en empresas, participación en fundaciones». …», en definitiva aquellas que podrían «permitirnos identificar un determinado tipo de corrupción».

«En los jueces, como en cualquier otro grupo, hay jueces corruptos y es bueno que los jueces ordinarios se identifiquen, es una forma de proteger a los jueces honestos y también permite ese tipo de identificación de conflictos de intereses, que es una forma de defender la independencia de los jueces», afirmó el diputado, añadiendo que la independencia «no es sólo política o sindical» sino también económica.

Ese mismo mes, Más Madrid acusó a Ángel Hurtado -el juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz- de ser el «favorito» del PP y de «proteger» a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete del presidente del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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