«Queremos democratizar el poder judicial y también defender a todos aquellos jueces que no tienen nada que ocultar», afirma.
Más Madrid propuso un cambio legislativo para que jueces y magistrados declaren cada año sus bienes y actividades, incluidos todos los bienes inmuebles, vehículos, acciones, participaciones en empresas, depósitos bancarios, deudas y cualquier otro derecho de propiedad en España o en el extranjero.
Así figura en la propuesta de iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados, a la que tuvo acceso Europa Press, que propone la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del sistema judicial.
La propuesta señala que deberá presentar estas declaraciones en el plazo máximo de un mes después de asumir el cargo y que las actualizará anualmente y también si cesa en el cargo. Además del patrimonio, también deberán informar de cualquier actividad profesional que «pueda generar ingresos o retribuciones», así como su participación en empresas, asociaciones o fundaciones.
El encargado de tutelarlos sería el Consejo General de la Magistratura (CGPJ), lo que permitiría un registro específico para guardarlos y ponerlos a disposición en el portal de transparencia. El incumplimiento de las obligaciones establecidas constituiría falta disciplinaria grave, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran derivarse.
COMO TODOS LOS ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE ESPAÑA
En la exposición de motivos de esta norma, firmada por el diputado Hugo Martínez Abarca y la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, se plantea la necesidad de que los miembros del poder judicial se sometan a esta responsabilidad «como se exige a los altos cargos públicos con España» .
El partido destacó que la «confianza» que los ciudadanos depositan en los poderes del Estado se basa en «la transparencia y la ausencia de conflictos de intereses en sus decisiones», lo que llevó a numerosos cargos del Ejecutivo y del Legislativo a emitir declaraciones. público.
«Este tipo de declaraciones no suponen un desprecio a la función pública ni mucho menos una intromisión en su independencia, sino todo lo contrario: constituyen una garantía para los ciudadanos de la integridad de los poderes públicos y de su independencia», defendió Más Madrid, que considera que son , a su vez, medidas que constituyen «un mecanismo de supervisión contra la corrupción en las instituciones» y por tanto «protegen a la gran mayoría de los funcionarios».