PSOE, Sumar, Podemos y PNV han expresado su rechazo a la proposición de ley de Vox que busca reformar el Código Civil para que la situación de desamparo de menores sea determinada por vía judicial en lugar de por resolución administrativa.
Según la propuesta de Vox, el aumento de los casos de abuso y explotación sexual de menores tutelados en España justifica esta reforma en el ámbito de la protección de menores. El diputado de Vox, Jorge Campos, ha destacado los horrores que se viven en los centros de menores tutelados, mencionando abusos, agresiones, consumo de drogas y niñas prostituidas.
Campos ha resaltado que más de 1.100 menores tutelados han denunciado abusos sexuales desde 2019, alertando sobre la gravedad de la situación. Además, ha criticado el alto costo mensual de 7.000 euros por cada menor tutelado, denunciando la retirada de tutelas a padres por motivos como la negativa a que sus hijos reciban educación sexual.
En el debate parlamentario, la diputada del PSOE, Emilia Almodóvar, ha calificado la iniciativa de Vox como una «farsa» que estigmatiza a trabajadores sociales y a las familias, planteando una deportación encubierta. Desde el PP, Óscar Clavell ha mencionado aspectos positivos y negativos de la propuesta, abogando por encontrar un equilibrio entre eficacia y garantía.
Por otro lado, desde Sumar, el diputado Nahuel González ha acusado a Vox de difundir información falsa y de utilizar la situación de los centros de menores con propósitos ideológicos. La diputada de Podemos, Noemí Santana, ha criticado la actitud de Vox hacia los menores extranjeros tutelados, abogando por repensar el sistema de protección y priorizar el acogimiento familiar.
Finalmente, el diputado del PNV, Mikel Legarda, ha rechazado la eliminación de referencias a la violencia de género en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, señalando que la declaración de desamparo y la constitución de la tutela de menores no se verían afectadas por un cambio en el proceso judicial.
En medio de posiciones encontradas, el debate sobre la protección de menores tutelados continúa en el Congreso, con diferentes posturas y enfoques sobre cómo garantizar su bienestar y seguridad en el sistema de protección actual.
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